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Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, de 64 años, fue uno de los narcotraficantes más temidos de San Martín. Se cree que su clan continúa controlando gran parte del narcomenudeo en esa zona. En 2022, estuvo vinculado a la distribución de cocaína envenenada que causó la muerte de 24 personas. En 2010, intentó postularse como intendente de San Martín por el Peronismo Federal. Fue condenado dos veces por narcotráfico, en 2004 y 2014, y en 2018 recibió una condena por lavado de dinero, consolidando así un perfil criminal de extrema peligrosidad.
Con una pena unificada de 27 años de prisión, su fecha estimada para obtener la libertad asistida es en 2030. Sin embargo, desde hace tiempo circulan rumores sobre graves problemas de salud. Recientemente, su abogada defensora solicitó a la Justicia Federal que se le conceda el arresto domiciliario con control mediante pulsera electrónica, amparándose en trastornos digestivos y prostáticos.
Existe un antecedente público respecto a su estado de salud: a fines de 2023, antes de Año Nuevo, Villalba sufrió un sangrado rectal que motivó su traslado fuera del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, específicamente del Módulo VI de Alto Riesgo, hacia un hospital para realizarle una endoscopía. Esta situación generó malestar en el penal, aunque se consideró inevitable. Según versiones extraoficiales, Villalba padece cáncer de próstata y la hemorragia podría haber sido fatal.
Actualmente, será el juez Walter Venditti, presidente del tribunal que dictó su última condena, quien decidirá si Villalba puede cumplir el resto de su pena en su domicilio en Carlos Spegazzini, Ezeiza. Venditti, debido a suplencias y falta de jueces, también integra el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) de San Martín, junto a las juezas María Claudia Morgese y Silvina Mayorga, que desde hace un año juzga a Villalba y a sus hijos por una tercera causa vinculada al tráfico de drogas.
Desde el 5 de septiembre de 2023, el TOF 5 lleva adelante un megajuicio contra el clan narco encabezado por Villalba y sus hijos Iván (33), alias “El Salvaje”, y Luca Nahuel Baigorria (32), alias “Dylan”. El juicio se centra en la intoxicación masiva causada por carfentanilo, sustancia que provocó 24 muertes y afectó a otras 80 personas. El debate judicial es paradójico, dado que si bien los acusados están imputados por la introducción de la cocaína adulterada en el mercado, no se les imputa por los resultados fatales de dicha droga; es decir, no están acusados de homicidio.
El proceso judicial, que se extiende hasta 2026, comenzó con un fuerte operativo de seguridad que incluyó cortes de calles, presencia policial con cascos, escudos y chalecos antibalas. La primera audiencia tuvo lugar en una sala especial dedicada a casos de lesa humanidad en el centro de San Martín, donde se congregaron familiares de los acusados. En total, 24 detenidos fueron trasladados desde las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, mientras que otros nueve, con arresto domiciliario y tobillera electrónica, fueron llevados desde sus casas. Villalba y sus hijos permanecen detenidos en Ezeiza y participan virtualmente vía Zoom.
Actualmente, los tres están alojados en el Módulo 6 del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, un sector de aislamiento para presos catalogados de “Alto Riesgo”. Las llamadas y visitas se controlan estrictamente y son poco frecuentes, un ambiente muy distinto al que Villalba supo manejar incluso en penales hostiles como Rawson. La acusación sostiene que el clan domina el narcomenudeo en la zona de Billinghurst, incluso desde prisión, y que pagaron coimas a policías de la comisaría local para liberar a integrantes de la banda.
Las audiencias tratan no solo sobre las coimas y el tráfico, sino también sobre la masacre causada por el carfentanilo, que, según escuchas de la causa, uno de los narcos apodó con humor negro “suero”, debido a que “la tomabas y terminabas con suero en el hospital”. Inicialmente, la lista de testigos incluía a 300 personas.
Sin embargo, la jueza federal N° 2 de San Martín, Alicia Vence, quien quedó a cargo del expediente por la droga adulterada, nunca imputó a Villalba ni a sus hijos por las muertes e intoxicaciones masivas causadas por su producto. Su argumento fue que, aunque eran propietarios de la droga, no actuaron con dolo o intención criminal para provocar esos resultados. Por ello, nunca fueron indagados por envenenamiento masivo, una decisión que generó controversia.
Además, la Cámara de Apelaciones dictó falta de mérito para los detenidos en el búnker de Puerta 8, lugar donde se vendieron las dosis fatales. Esto implica que, más de dos años después del desastre ocurrido en febrero de 2022, nadie está formalmente acusado por las muertes ni las intoxicaciones. Desde la Justicia aseguran que la investigación continúa abierta, sin avances definitivos.
