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Un silencio ensordecedor frente a la dictadura venezolana

El gobierno argentino insiste en el silencio y la abstención frente a las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El dictador Nicolás Maduro, tras emitir su voto el pasado 6 de diciembre

Los hechos que tuvieron lugar en Venezuela el pasado domingo 6 confirmaron lo que cualquier observador más o menos agudo podía anticipar. Una simulación electoral pretendió ocultar el último arrebato del régimen dictatorial de Nicolás Maduro: la toma de la Asamblea Legislativa venezolana, hasta ahora en manos de la oposición.

Pero esta vez el proceder del régimen adoptó las formas del grotesco al punto de que despertó una amplia condena por parte de buena parte de la comunidad internacional. De acuerdo con informaciones confiables, habría habido una abstención que superó el ochenta por ciento. Denunciando el fraude se manifestaron Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea.

Mientras tanto, el gobierno argentino ha optado por una inaceptable indiferencia.

La diplomacia de la Cancillería Fernández-Solá mantiene un silencio ensordecedor ante el caso. En este caso, el silencio no opera sino como un aval a la actuación de la dictadura.

Los sucesos son reveladores de una realidad política. En el siglo XXI, la democracia no es sustituida por la dictadura mediante tradicionales golpes de estado al estilo del siglo XX. En el siglo XXI, otras formas, acaso menos evidentes, operan en ese sentido.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explican en “How Democracies Die” (2018) que algunas democracias mueren como consecuencia de un golpe de Estado pero que frecuentemente, las democracias atraviesan una “muerte lenta”. Esta experiencia se sustancia cuando, a partir de la actuación de autoridades con legitimidad de origen, comienzan a erosionarse las instituciones hasta provocar un verdadero cambio de régimen.

Ello es lo que sucedió en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. Tras intentar un golpe de Estado en 1992, fue arrestado por sedicioso. Indultado dos años más tarde, ganaría legítimamente las elecciones de 1998. Chávez juró ante una “moribunda” Constitución a comienzos del año siguiente. Para entonces decía emular a Juan Perón. Pero una vez en el poder, se alineó con Fidel Castro. Una a una las instituciones democráticas del país fueron derogadas. Venezuela, durante décadas un ejemplo de democracia en la región, fue capturada por el experimento castrochavista hasta transformarse en el cuasi estado-fallido de hoy.

Ante esa realidad, resulta intolerable el silencioso aval de las autoridades argentinas. A pesar de que el repudio y las denuncias de fraude en las elecciones parlamentarias venezolanas se replicaron en todas las latitudes, Argentina todavía no se pronunció sobre el tema. Ante esta situación el Gobierno argentino todavía no emitió ningún comunicado al respecto.

El hecho exhibe el doble estándar en el que la Administración ha caído en la materia. Mientras tanto, el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos parece haberse convertido en una suerte de abogado del régimen de Maduro. En efecto, al cuestionar la validez del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, el representante argentino ante la OEA pareció desconocer las ejecuciones, desapariciones y torturas que se repiten en Venezuela como consecuencia del accionar cada vez más represivo de la dictadura.

El caso volvió a poner de manifiesto una realidad. Aquella que indica que detrás del discurso latinoamericanista de la Administración Fernández-Kirchner, asoma una realidad muy diferente y que está caracterizada por el deterioro en las relaciones de la Argentina con prácticamente todos los gobiernos de Sudamérica. La falta de coordinación regional quedó evidenciada una vez más toda vez que mientras el canciller argentino permanece en silencio, su par de Brasil, Ernesto Araújo, calificó como una “farsa” los comicios electorales en Venezuela.

En el mismo sentido se expresaron el secretario de Estado de la Administración saliente de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller uruguayo, Francisco Bustillo quien adelantó que no esperaba “nada” de las elecciones parlamentarias venezolanas. El lunes 7, en tanto, los ministros de Exteriores de la Unión Europea reiteraron su decisión de “no reconocer la legitimidad de estas elecciones” en tanto no se cumplen “los mínimos estándares democráticos”.

La Argentina de Fernández-Kirchner insistió con su aval al régimen venezolano el jueves 9 cuando se abstuvo en la votación en la OEA en la que se trataron los cuestionamientos a la legitimidad de tales comicios.

Un silencio ensordecedor envuelve la actitud inaceptable del gobierno argentino ante la flagrante violación de los derechos humanos que padece el hermano pueblo venezolano.

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